Reflexiones a partir del conflicto docente

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Una vez más comienza el año lectivo con un paro docente en la mayor parte de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace ya muchos años que el comienzo de las clases aborta por la decisión de paro de gremios docentes. Se trata de una situación repetida a la cual hay que ponerle fin, y quienes señalan el camino son justamente los docentes que no obedecen la consigna y se paran frente a sus alumnos. Decir esto no implica sostener que los docentes no deban defender sus derechos ni trabajar para mejorar su situación salarial. Solo que el paro, en general, pero muy especialmente cuando se deja a los niños sin sus maestros, debe ser el último recurso.

 

Es conveniente no limitar el análisis al actual conflicto, sino aprovecharlo como disparador para reflexionar sobre la cuestión educativa en general.

 

En tren de elegir un punto de partida elijo el de las universidades. Por cierto no es posible ocuparse aquí de todos los temas importantes, pero basta con referirse a algunos, que tienen particular significación.

 

Hace ya muchos años, en un viaje a Suecia, me entrevisté con quien era entonces Secretario de Educación del gobierno socialdemócrata, Ingvar Carlsson, más tarde primer ministro del país escandinavo. Yo era entonces un estudiante reformista con intensa actividad en el movimiento estudiantil. Orgulloso le expliqué, en el inglés que era nuestro idioma común, que en nuestras universidades públicas no había examen de ingreso y que eran gratuitas. Ingvar siguió fumando su pipa y me dijo: “Entonces, qué país injusto es la Argentina”. Sorprendido, pensando que mi inglés era peor de lo que suponía y había sido mal entendido, le volví a repetir lo dicho. Y entonces me dijo: “Sí, injusto, porque quiere decir que los trabajadores, con sus impuestos, ayudan a los jóvenes de la clase media a cursar sus estudios superiores sin ninguna selección, a probar sin costos. En cambio nosotros, aquí, tenemos un riguroso examen de ingreso, porque consideramos que estudiar en la universidad pública es una posibilidad que la sociedad debe darle a quien acredita estar en condiciones de aprovechar la inversión de los dineros públicos”.

 

Los temas de la gratuidad de la enseñanza y el examen de ingreso no fueron planteados ni defendidos por los fundadores del movimiento reformista. Pese a ello, hoy, son objeto de firme repudio por parte de los dirigentes del mismo, quienes suelen oponerse a cualquier debate que se refiera a aquellos.

 

La gratuidad de la enseñanza, hoy lo sé, como decía Ingvar Carlsson, bajo la apariencia de una preocupación por los más humildes, entraña una profunda injusticia. Que los jóvenes con recursos suficientes no paguen a las universidades por su educación, permitiendo que éstas puedan otorgar más becas a quienes no los tienen, resulta en verdad insostenible, por lo menos para el debate. Pienso que los estudiantes universitarios que están en condiciones de pagar deberían reclamar que se les cobre, asignando los recursos obtenidos a una ampliación de los programas de becas. Tal conducta, sí, hubiera enorgullecido a los fundadores del movimiento reformista.

 

En cuanto atañe a los exámenes de ingreso, resulta claro que las universidades públicas tienen que contar con mecanismos que garanticen que estudiarán en ellas, bien, quienes puedan aprovechar el sistema y volcar más tarde sus servicios a la sociedad en su conjunto. Es insostenible como política pública masificar irrazonablemente las universidades degradando su calidad educativa.

 

Ambas cuestiones son combatidas con el pretexto de defender a los jóvenes de escasos recursos. Pero resulta claro que los beneficiados no son ellos. Los hijos de familias indigentes o pobres (en los términos del INDEC) muy rara vez logran ingresar a la universidad, y en caso de hacerlo, menos veces todavía consiguen concluir exitosamente sus estudios. No existe un sistema de becas apropiado, y en buena medida ello se debe a que no se hace pagar a los estudiantes que están en condiciones de hacerlo.

 

Alguna vez fui invitado a dar clases en la carrera de doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba. Allí aprendí que la Facultad de Derecho de esa universidad estaba arancelada, creo recordar, desde la época del gobierno de Raúl Alfonsín. El arancel no era muy alto, pero se invitaba a todos a pagarlo. Quienes consideraban no poder hacerlo solo tenían que manifestarlo por escrito y eran relevados de su obligación sin otro trámite. Y nadie puede dudar que allí hay estudiantes reformistas militando, y que del movimiento reformista vienen muchos de los profesores.

 

La discusión sobre estos temas no tendría urgencia si el nivel de la enseñanza universitaria fuera totalmente satisfactorio. Pero quienes conocemos la enseñanza universitaria y la hemos practicado, sabemos que, lamentablemente, deja mucho que desear. Aulas con frecuencia abarrotadas; bibliotecas desguarnecidas y avejentadas; docentes e investigadores con recursos insuficientes; bajo índice de graduaciones; y así siguiendo. Claro que hay numerosos estudiantes y docentes que realizan esfuerzos admirables por desarrollar su actividad, pero lo que se debe evaluar es el conjunto, ayudando a esas personas que se esfuerzan por cumplir con su rol. La autonomía universitaria no debería ser utilizada para mantener un sistema insatisfactorio desde el punto de vista social. Los fondos que las instituciones reciben son públicos, y su utilización debe tener resultados positivos desde el punto de vista social.

 

Quien haya practicado la docencia universitaria sabe bien que los estudiantes ingresan con serias deficiencias que son el resultado de estudios primarios y secundarios cuya calidad es insuficiente.

 

En el último Coloquio de IDEA escuché hablar a Paolo Rocca, máxima autoridad de Techint. En su exposición contó que la empresa necesitaba incorporar 500 jóvenes técnicos, y que para seleccionarlos se les habían tomado exámenes a un número cercano a los 3.000. Muchos de ellos, expresó con cierta congoja, no habían podido responder con acierto a la pregunta de cuántos milímetros había en un metro. Se trataba de jóvenes graduados de escuelas técnicas. Por cierto que la culpa no era de ellos, sino de un sistema educativo que hay que transformar y mejorar sustancialmente. Pero, naturalmente, para ello hay que evaluar los resultados de la gestión y la enseñanza. Y existe una resistencia muy difundida a permitir la evaluación por parte de las organizaciones gremiales docentes, que deberían ser las primeras interesadas en que se realice.

 

Y ahora digamos algo sobre lo que el título anticipa. Me refiero al conflicto docente.

 

El paro debe ser siempre una medida que puede emplearse razonablemente al final de una discusión salarial insatisfactoria para los trabajadores. En nuestro país, en los últimos años, en cambio, la discusión paritaria comienza con paros generalizados.

 

Me ha resultado sorprendente saber que Baradel y Alessio, quienes se destacan como dirigentes de la CTERA, no son maestros sino que alguna vez fueron preceptores, o sea que no provienen del nivel más alto y exigente de la docencia. Son ellos quienes lideran la organización y manejan de manera ligera el paro docente. Esto no implica un menoscabo del rol de los preceptores; yo lo he sido en su momento en la Escuela Superior de Comercio, pero confieso que nunca se me hubiera ocurrido que esa experiencia laboral me habilitara para dirigir a otros docentes. Tuve oportunidad de conocer y tratar a Alfredo Bravo, de tan recordado papel en el nacimiento de CTERA, y estoy convencido que no hubiera dejado a los chicos sin enseñanza mediante paros al comienzo de las clases.

 

Los docentes deben ser bien remunerados, pero hace falta una reforma estructural profunda. Hay estadísticas que muestran a las claras lo que muchos sabemos: las inasistencias docentes por licencia médica son mayores en la docencia que en otras actividades laborales; son mayores las licencias de ese tipo en las escuelas públicas que en las privadas. Cuando se trata de sanear esta situación, dirigentes gremiales docentes sostienen increíblemente que se está atacando la salud de sus asociados, afirmación que no resiste el menor análisis.

 

De vez en cuando leemos sobre maestros de escuelas rurales que caminan horas para llegar al lado de sus alumnos. Son ejemplos laborales y cívicos. Debemos asegurarles a docentes como ellos una adecuada retribución y facilitarles los medios para cumplir con su tarea. Quienes abusan de las carpetas médicas y toman licencias abusivas dilapidan los recursos con los cuales habría que mejorar la situación de aquellos maestros rurales.

 

Nos debemos un análisis profundo de la situación educativa, que no sea enrarecido por el actual conflicto docente. Se trata de un tema que no interesa solo a los afiliados de esos sindicatos, sino a la sociedad en su conjunto. Los niños –y sus padres- no deben ser rehenes de luchas que les son ajenas. Los docentes deben tener una adecuada retribución, que tenga en cuenta la dedicación, la asistencia, la capacitación y, por qué no, el resultado.

 

 

Autor: Luis Armando Carello
Contacto: [email protected]
Fuente: mergersnews.com.ar
Informa: contadoresrosario.com