Gobierno prepara una batería de medidas para apuntalar el segundo semestre
Contrarreloj, el Gobierno decidió cerrar la semana con una serie de anuncios de dimensión para recapturar la escena en lo político y asegurarse, en lo económico, el repunte que espera para el segundo semestre.
Macri instruyó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a la mesa chica del equipo económico (Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, Alfonso Prat Gay, Pedro Lacoste y Luis Caputo) para que los distintos anuncios estuvieran listos para mañana. Quiere presentarlos como parte de un paquete para lograr impacto en la opinión pública y resultados en lo económico.
La batería de anuncios, que se anunciarán en la Casa Rosada a las 17, incluye un blanqueo (impositivo, aduanero y laboral), una moratoria y el anuncio de una de las promesas de campaña: se pagarán los juicios de jubilados por reajuste de haberes.
El proyecto de blanqueo, que ingresará la semana que viene al Congreso, contemplará la posibilidad de ingresar o declarar dinero no registrado a través de la compra de títulos públicos, los que no podrán ser vendidos por espacio de un año, para evitar la especulación financiera en el corto plazo, y cuya recaudación se destinará exclusivamente para obras de infraestructura en diversas provincias, según dejaron trascender las fuentes.
Según el tipo de inversión, habrá distinto tipos de alícuotas que deberán pagar quienes ingresen estos fondos, adelantaron las fuentes.
Prat Gay había adelantado la semana pasada la realización de este blanqueo, advirtiendo que, a partir del año próximo, cuando la mayor parte de los países de la OCDE compartan la información fiscal, los argentinos «no van a tener donde ocultar» el dinero no declarado.
De esta manera se refirió a la decisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) antes del inicio del intercambio de información tributaria entre más de 100 países que comenzará en 2017.
Aquellos sujetos que se sumen al blanqueo, quedarán eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar en concepto de Ganancias, a la transferencia de inmuebles, impuesto al cheque, IVA, impuestos internos, ganancia mínima presunta y bienes personales.
El proyecto (según los mismos trascendidos) plantea excluir a las personas o empresas que se encuentren en estado de quiebra. También quienes estén denunciadas penalmente por la AFIP, imputados por delitos vinculados a lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, así como quienes hayan ejercido la función pública, además de los contratistas de los tres niveles del Estado.
El blanqueo adueanero, por otra parte, buscará atender a los incumplimientos generados en algunas empresas por el cepo y las distintas restricciones a las importaciones desde 2012.
En cuanto al blanqueo laboral, apuntan a incentivar tanto a las pymes que emplean a menos de 5 empleados (donde la informalidad es mayor) como a los propios trabajadores (que, en general, deberían estar inscriptos como monotributistas) para formalizarse.
En los anuncios se incluirá una moratoria de impuestos y, posiblemente, una elevación del piso del impuesto a los bienes personales a $800.000, desde los 305.000 vigentes desde 2007 y modificar las alícuotas vigentes, que actualmente van del 0,5 al 1,25 por ciento.
Pero sin dudas, el anuncio más ambicioso en lo político, es el pago de los juicios a los jubilados por reajuste de haberes. Más allá de que esto le permitirá a Macri decir que cumplió con unas de las promesas «difíciles» de campaña, será una fuerte inyección al consumo, algo sumamente necesario si Cambiemos quiere garantizar el repunte de la economía en el segundo semestre.
El proyecto de Macri busca pretende ponerle punto final a los 300.000 juicios de jubilados contra la ANSeS, que exigen el pago de un reajuste de los haberes. Tiene la intención de no solo resolver los litigios en curso, sino también abordar los potenciales reclamos a futuro de 700.000 jubilados que no recurrieron a los tribunales, pero que están en la misma situación de los que sí demandaron al Estado.
Según trascendió, a los jubilados se les ofrecería un acuerdo con un pago equivalente a un porcentaje del reclamo. De esa cancelación, una parte se abonaría al contado y el resto en 2 o 3 cuotas, actualizada por el índice de movilidad del sistema. Con esta opción, los jubilados podrán optar entre abandonar el juicio o continuarlos. Por su lado, los que aún no hicieron ninguna demanda tendrían que desistir de recurrir a esta instancia judicial, mientras que el acuerdo debería presentado y avalado por los Tribunales de la Seguridad Social.
En lo que respecta a las sentencias firmes, el Gobierno espera pagar unos 50.000 fallos este año, que ya fueron proyectados en el Presupuesto 2016. El monto asciende a $12.500 millones.
Fuente: iProfesional
Informa: contadoresrosario.com