Tres mitos sobre la inflación argentina que derrumbaron Macri y Fernández
Entre 2016 y 2021, la inflación acumulada en la Argentina supera el 360%. Aunque en la gestión de Alberto Fernández la inflación sigue siendo elevada, el principal responsable político del último gran proceso inflacionario ha sido el ex presidente, Mauricio Macri, que en el período 2016/2019 acusó un alza del IPC superior al 300%, el nivel más alto desde la hiperinflación de Carlos Menem, en 1991.
La experiencia del último lustro deja enseñanzas que vale la pena capitalizar para no repetir recetas antiinflacionarias fallidas de la ortodoxia, que se impusieron a fuerza de repetición, pero que agravaron el problema y empeoraron la distribución regresiva del ingreso, castigando a los sectores con ingresos fijos en pesos, particularmente a los asalariados.
El período inflacionario de las gestiones de Macri y Fernández desmitifica las teorías ortodoxas sobre la inflación, aplicadas a la Argentina.
Primer mito pulverizado:
«La inflación se desencadena por un aumento del gasto público». De acuerdo a esta teoría, la decisión del Estado de incrementar el gasto produce un incremento en la demanda agregada mayor que la oferta o capacidad de la producción, que obliga a los empresarios a aumentar los precios. Bajo este supuesto, frente a una situación de plena ocupación de los factores de producción: capital y mano de obra, cualquier aumento de la demanda agregada (consumo privado, gasto público, inversiones o exportaciones netas), los empresarios tendrán que subir los precios para reestablecer el equilibrio.
Cuando el Estado, siempre según esta tesis, interfiere en la relación entre la oferta y la demanda genera una mayor presión inflacionaria.
Sin embargo, entre 2016 y 2021, el gasto del Estado argentino disminuyó en términos reales pero la inflación, lejos de desacelerarse, siguió subiendo y se agravó la recesión.
De acuerdo a un informe del CIPPEC, el gasto de la administración pública nacional, con Macri, se contrajo del 24% del PBI en 2015 a 21% en 2019. En 2020, ya con Fernández en el poder y sumergidos en la pandemia, los desembolsos del Estado cayeron en dólares 16% respecto del 2019, tendencia que continúa en 2021.
La reducción del gasto público restringió la capacidad del Estado para cumplir funciones esenciales como la educación y la salud y afectó el salario de los trabajadores estatales y de las jubilaciones.
El gasto público se derrumbó en el último lustro largo, con un intersticio en 2017, año en el que, por razones electorales, Macri interrumpió este ciclo.
Sin embargo, 2017 ha sido el único año del período analizado en el que creció la economía. “Paradójicamente”, (dirían los conservadores) fue el año de menor inflación de Macri: sólo el 24,3%, menos de la mitad del récord inflacionario de Juntos por el Cambio en 2019, que trepó al 53,8 por ciento.
En el 2017, la mayor participación del Estado en la economía contribuyó a darle un poco de aire a la economía y, por consiguiente, a mejorar los niveles de empleo. El menor índice de desocupación interanual del último lustro correspondió al cuarto trimestre de 2017 con un 7,2%, cuatro décimas inferior al 7,6% del 2016.
El segundo mito derrumbado:
«La inflación monetarista». Uno de los principales pensadores del neoliberalismo, Milton Friedman y los seguidores de la Escuela de Chicago, han sostenido que el “factor casi excluyente” del aumento en el nivel de precios es el incremento en la cantidad de dinero en manos de la sociedad.
Para la escuela de Friedman, la inflación sube cuando por alguna causa, en general el déficit fiscal del Estado, ocasiona un incremento en la cantidad de dinero y la producción no aumenta.
En el 2018, cumplió con el objetivo idílico de los monetaristas de la emisión cero, que coincidió con una disminución acentuada del gasto público de más del 25%, medida en dólares, al pasar de u$s158.643 en 2017 a u$s118.409 millones en 2018.
Pese a la caída del gasto público y la emisión cero, la inflación de 2018 trepó al 47,6%, por entonces, la más alta desde 1991 y ese año cerró con una baja pronunciada del PBI de 6,2%, interrumpiendo la recuperación del 2,7% del 2017 y también la desaceleración de la inflación al 24,3% que se observó el mismo año.
Este fenómeno se repitió en el gobierno de Fernández.
De acuerdo a un informe de Proyecto Económico (sobre datos del BCRA), la Base Monetaria entre el 10 de diciembre de 2019 y el 7 de mayo último se incrementó en un 36% mientras la inflación acumulada entre diciembre 2019 y abril 2021 fue del 59%. Es decir, la cantidad de dinero se redujo en términos reales.
En el mismo lapso, el tipo de cambio Banco Nación pasó de $62,25 a $99,50, incrementándose en un 60% entre el 10 de diciembre de 2019 al 14 de mayo de 2021. “Esto demuestra que no es la emisión monetaria la que favorece el aumento generalizado de los precios y sí, en cambio, genera inflación la depreciación de nuestra moneda”, explica el economista, Horacio Rovelli.
Tercer mito caído:
«El aumento de los salarios como principal explicación de la inflación». Otra variación de teoría ortodoxa (inflación de demanda) es que una mejora nominal de los ingresos de los trabajadores, genera un exceso de demanda, pues los trabajadores y las familias, que tienen una mayor propensión marginal a consumir, aumentan el consumo privado, y si la producción no puede satisfacer este mayor nivel de demanda agregada se disparan los precios.
Sin embargo, durante la gestión Macri, los salarios sufrieron una caída en términos reales, calculada por la suba nominal del RIPTE, de 213%, entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2019 comparada con el 291% que acumuló el IPC CABA. La degradación del salario real continuó en 2020 con una merma de entre el 2,5% y el 4%.
En cambio, la inflación de costos del período 2016/2019 parece encontrarse más bien vinculada a los saltos en precios fundamentales como el tipo de cambio y una mejora en la rentabilidad en el sector de servicios, traccionada por la brusca devaluación y la mejora de la rentabilidad, vía precios, de las compañías energéticas (gas y electricidad), las petroleras, las empresas de medicina prepaga, entre otras, a las que se plegaron en la última etapa las alimenticias.
La inflación del primer año del período Fernández, tuvo un mayor componente “cambiario”, que se explica (pero no sólo) porque se mantuvo el ritmo de depreciación del peso por encima de la inflación, que saltó en las ventanillas del Banco Nación de $62,25 a $99,50, entre el 10 de diciembre de 2019 y el 14 de mayo de 2021. Esto se tradujo en un incremento mayor de los precios de los productos importados o con componentes importados. Asimismo, hubo un golpe seco de “inflación importada” a los bolsillos de los consumidores con la equiparación en el mercado interno de los precios internacionales de los alimentos. La dolarización del maíz y el trigo en el mercado interno, sumado a la presión que ejercen los aumentos internacionales de estos productos, tuvieron un impacto en los costos de la producción de la carne vacuna, porcina y aviar, y en los productos derivados de la harina, como el pan y los fideos, lo que explica, de alguna manera, los fuertes incrementos que sufrieron en los negocios minoristas los productos de la canasta básica.
El año pasado, los productos agropecuarios en el mercado mayorista treparon 54,4%, 20 puntos más que el Índice de Precios Mayoristas. Tampoco puede pasar desapercibido, que China se ha transformado en una aspiradora de los alimentos argentinos, poniéndole mayor presión a los precios de los productos de la canasta alimentaria en el mercado interno, particularmente a la carne. En los últimos cinco años, las exportaciones de carne a China crecieron en torno del 300% y hubo una liberalización total del mercado cárnico, que se tradujo en un fuerte aumento de los precios en el mercado interno, que explotó en los últimos 16 meses con subas sostenidas en el precio en el mercado local.
Otro factor que incide en los precios es la capacidad que tienen los sectores económicos, controlados por oligopolios o monopolios, para mejorar su rentabilidad trasladando a los consumidores, directa o indirectamente, un precio más alto.
La inflación acumulada de más del 360%, en los gobiernos de Macri y Fernández, no se explica, como dicen los ortodoxos, por la emisión monetaria, el incremento del gasto público o del costo salarial. En los dos años identificados, 2018 y 2020, la base monetaria se achicó mientras que a lo largo del período 2016-2020 (exceptuando 2017), el sector público y los trabajadores perdieron participación en la economía, con las perversas consecuencias que ello ha acarreado: mayor desempleo, más pobreza e indigencia) y de la justicia distributiva, entendida como el empeoramiento en el reparto de los ingresos y de la riqueza. Además, genera una creciente inestabilidad política debido a la menor capacidad del Estado para intervenir e imponer la normativa vigente, y acentúa las enormes asimetrías que favorecen la concentración económica y la primarización de la estructura productiva del país.
Autor: Mariano Beristain
Fuente: ambito.com
Informa: contadoresrosario.com